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Fernando Aragón La transición energética justa es una de las rutas de transformación global que muchos países están siguiendo para reducir las emisiones de GEI, generar energía limpia y enfrentar el cambio climático. En México, un país con una economía dependiente de los recursos energéticos, la transición energética justa se presenta como un urgente desafío y una gran oportunidad para aprovechar su ubicación geográfica, variedad de climas y el interés de muchos grupos de la sociedad en participar por un desarrollo incluyente, justo y bajo en carbono. Además, de esta forma se podrá contribuir a disminuir las desigualdades socio-económicas y a combatir la injusticia climática. La transición energética justa va más allá de la mera sustitución de fuentes de energía; se centra en garantizar que esta transformación beneficie a todos los sectores de la sociedad, incluidos, por ejemplo, los trabajadores y las comunidades que dependen de la industria de los combustibles fósiles. Ya existe evidencia de que la transición energética justa a nivel mundial es una realidad. Según el IPCC (6º Informe de Evaluación, 2022), los factores que aceleran la transición incluyen, entre otros la transferencia tecnológica y la cooperación internacional así como el apoyo financiero. El momento que se vive a nivel mundial, en la antesala de la Conferencia de las Partes COP28 que dará inicio el 30 de noviembre de 2023 en Emiratos Árabes Unidos, es ideal para que el gobierno federal de México así como los estatales y las diversas organizaciones de la sociedad civil y empresas demuestren un mayor interés en incrementar medidas ambiciosas en la adopción, producción y uso de energías limpias o renovables – tal y como se manifiesta en la versión más reciente de los NDC presentadas a finales de 2022. La transición a energía baja en carbono – solar y eólica – ya está teniendo muchos beneficios económicos, ambientales y sociales que se incrementarán a largo plazo toda vez que el mercado de estas energías en nuestro país se amplíe y tenga una cobertura nacional. Es importante mencionar que la energía solar suscita respuestas favorables de parte de las sociedades en muchos países (México no es la excepción) y es percibida como limpia y compatible con el ambiente. México puede aprender de otros países que han avanzado significativamente en la transición energética justa. Ejemplos como Alemania y Dinamarca demuestran que es posible reducir las emisiones de CO2 y aumentar la proporción de energía renovable en la matriz energética mientras se crea empleo y se mantiene la competitividad económica. En Alemania, la transición energética, conocida como “Energiewende”, ha llevado a la expansión de la energía solar y eólica, la mejora de la eficiencia energética y la creación de empleos en el sector de las energías renovables. Además, Dinamarca ha logrado un alto porcentaje de energía eólica en su matriz energética y ha exportado tecnología de energía eólica a nivel mundial. Sin embargo, también se han enfrentado a diversos desafíos como la gestión de la intermitencia de las energías renovables y la adaptación de la infraestructura eléctrica existente. Estos desafíos ofrecen valiosas lecciones para México a medida que avanza en su propia transición energética. Cabe mencionar que muchos países del mundo están demostrando que es posible incorporar la energía solar de manera significativa en sus matrices eléctricas. Un ejemplo de ello es la India tiene ya instalados más de 100 Gw de capacidad solar y espera llegar a 450 Gw de energías renovables para el 2030[1]. La energía solar hoy es la tecnología más barata para la generación de la electricidad y constituye uno de los principales pilares de la transición energética. Lo anterior se debe tanto por los costos de inversión como también por los costos muy bajos de mantenimiento y que el potencial de mitigación de CO2 es el más alto de todas las opciones de mitigación del sector energético. Según la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), el 85% del territorio nacional es óptimo para proyectos solares y la capacidad instalada de generación de energía solar distribuida es de 2,611 mW. El negocio de la energía solar ha generado alrededor de 101,000 empleos. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA por sus siglas en inglés), México tiene el potencial de contar con 30GW de capacidad solar instalada para 2030, de la cual 60% correspondería a capacidad de gran escala y 40% a capacidad de generación solar distribuida[2]. Ejido Solar En México se han diseñado proyectos de energía solar fotovoltaica que ya están dando beneficios económicos, sociales y ambientales a comunidades rurales. Con el proyecto Ejido Solar, ICM[3] , con apoyo de UK-PACT, promueve la implementación de proyectos comunitarios de energía solar fotovoltaica de generación distribuida (<500 kWp) en núcleos agrarios de México, para que sus habitantes se beneficien de la comercialización de la energía producida en esquema de venta total; al mismo tiempo que participen en la operación y mantenimiento del sistema, colaborando con autoridades locales y empresas del sector. En Jalisco se desarrolló un proyecto de energía solar fotovoltaica en la comunidad agraria de San Juan de los Potreros en el municipio de Chimaltitlán, norte de Jalisco, mientras que en Guanajuato en el municipio de San Luis de la Pazal noreste de la entidad. La esencia del Ejido Solar[4] radica en la propiedad de los activos y medios de generación de energía solar, compartido entre la comunidad, con participación del gobierno local y empresas del sector eléctrico públicas y privadas, bajo una figura asociativa innovadora. Esta figura y la gobernanza establecida cumplen con requisitos de incorporación social y de género y justicia climática en el marco de un proyecto viable técnica y económicamente, por lo que es flexible y puede adaptarse a condiciones para ofrecer beneficios a las comunidades ejidales a través de ingresos adicionales por la venta de energía y fortalecimiento de las instituciones locales inlcuyendo grupso de mujeres. También beneficia a suministradores calificados de energía (CFE o privados) que compren la energía del Ejido Solar cumpliendo sus compromisos ambientales y sociales, así como gobiernos

por José R. Morales jose.morales@iniciativaclimatica.org La crisis de pérdida de la diversidad biológica, entre ella de los ecosistemas, es un problema que se entrelaza profundamente con la crisis del cambio climático. Por un lado, la permanencia y restauración de los ecosistemas son indispensables para que México alcance una ruta realista de emisiones neta cero a mediados de siglo; por el otro, los ecosistemas proveen de beneficios a la sociedad por las funciones naturales que realizan como la regulación del microclima, control de enfermedades, vínculos recreativos o espirituales con la sociedad, provisión de agua, alimentos, entre otros. Una de las herramientas de política pública utilizada ampliamente en el mundo para su conservación son las áreas protegidas. En México la estrategia de conservación de la biodiversidad a nivel gubernamental se ha centrado en la declaración de estas áreas, las cuales se definen como «zonas… en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas…» (Congreso de la Unión, 2023). Hasta mayo de este año, México contaba con 187 áreas protegidas de carácter federal y una cobertura de 10.9% de la superficie terrestre nacional —21.5 millones de hectáreas— y 22.0% de la superficie marina nacional —69.5 millones de hectáreas— (CONANP, 2023a). Sin embargo, de estas sólo 121 cuentan con un programa de manejo, de los cuales 32 tienen más de 15 años desde su diseño. El programa de manejo es el instrumento, que además de la descripción del área protegida, establece las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo en el territorio, distribuye responsabilidades y se diseña de acuerdo con el contexto político y social del momento. El Gobierno cuenta con un año, a partir de la declaración del área protegida, para la formulación del programa de manejo (Congreso de la Unión, 2023). En términos de superficie significa que alrededor de 1.1 millones de hectáreas del territorio nacional marino y 5.6 millones de hectáreas terrestres decretadas como áreas protegidas cuentan con un decreto pero no con un programa de manejo. Esta condición, se suma a las 7.2 millones de hectáreas terrestres (111 áreas) y 65.6 millones de hectáreas marinas de áreas protegidas (9 áreas) que no se encuentran registradas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con lo cual no se garantiza un equipo operativo o administrativo. Es decir, que sólo 76 áreas protegidas en México, 17.9 millones de hectáreas de las casi 91 millones, mantienen cierta operación en territorio que intenta la conservación, gestión y restauración de los ecosistemas. El resto puede catalogarse como «parques de papel», al contar con un decreto pero sin garantizar su operación y la cogestión con las comunidades que en ellas habitan (CONANP, 2023a). La Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), responsable de la administración de las áreas protegidas en México, cuenta con tres principales fuentes de financiamiento público para su operación en territorio: el Programa de Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas (E016), ejecutado por la misma institución; el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (S046), ejecutado por habitantes de las comunidades; y el Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (U040), ejecutado por terceros especializados. En el 2023, se designó en el presupuesto público de la federación 131,853,525 pesos para el E016 y 359,397,474 pesos para los programas que dependen de terceros, comunitarios o especializados (46.7% para el PROCODES y 53.3% para el antiguo PROCER) (SHCP, 2023b). En otras palabras, son 5.4 pesos por hectárea que se ejecutan a través de estos programas para «evitar» las crisis de pérdida de diversidad biológica y cambio climático en las áreas protegidas de carácter federal. De los cuales, 1.5 pesos son ejecutados directamente por la CONANP en cada hectárea. En el 2022, México presentó la actualización de su Contribución Determinada a nivel Nacional, donde pasó de un compromiso nacional de mitigación de 22 a 35% de reducción de emisiones con respecto a una línea base. Uno de estos nuevos compromisos fue el incremento de la superficie de áreas protegidas, 2 millones de hectáreas más al 2030 (INECC, 2022). En la conferencia matutina del pasado jueves 5 de octubre, el Presidente Andrés Manuel reafirmó su aspiración de ser la administración federal con mayor número de áreas protegidas decretadas (Gobierno Federal, 2023). Con este objetivo, en el transcurso del 2023 se han decretado 17 áreas naturales, la primera en mayo (4,843.6 hectáreas), trece en agosto (22,761.6 hectáreas) y tres en septiembre (640,115.6 hectáreas). Actualmente, México cuenta con 203 áreas protegidas, siendo decretadas 20 nuevas áreas en esta administración con una superficie total de 767,526.09 hectáreas. La titular de la SEMARNAT ha declarado que esperan alcanzar 225 áreas protegidas de carácter federal al finalizar la administración, con un incremento de cerca de 3 millones de hectáreas a la superficie actual. Pese a los esfuerzos en el aumento de la superficie, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 contempla una reducción porcentual para el próximo año de -4.4% en los programas presupuestarios que son ejecutados en las áreas protegidas (SHCP, 2023a). Es decir, con el incremento de la nueva superficie hasta inicios de octubre, por cada hectárea la CONANP operará con 28 centavos menos de su ya de por sí austero presupuesto. El incremento de la superficie como área protegida no garantiza su efectividad si no está directamente vinculado con un incremento en el financiamiento para la operación, gestión y bienestar de la biodiversidad y de las comunidades que en ellas habitan. El presupuesto anual mínimo considerado en algunos estudios para garantizar la conservación de las áreas protegidas es alrededor de 300 pesos por hectárea (McCarthy, 2013), el Gobierno Federal asigna el 1.7% de este monto. De continuar esta tendencia, incremento de superficie sin financiamiento, las Direcciones de las áreas protegidas reportarán resultados en el umbral del marco legal, pero sin lograr los objetivos de conservación. México requiere integrar de manera clara las diferentes estrategias de conservación —áreas protegidas, áreas voluntarias, unidades de manejo de

Autor: Dr. Fernando Aragón-Durand Vivimos en un mundo en constante transformación. El aire que respiramos, los océanos que atravesamos, los ecosistemas y ciudades están experimentando cambios dramáticos y acelerados. Las actividades humanas están teniendo un impacto profundo en nuestro clima, desencadenando eventos extremos en todo el planeta. Lamentablemente, estos cambios no se distribuyen equitativamente, y las comunidades que históricamente han contribuido menos al calentamiento global son las más afectadas. Ante esta situación, es imperativo tomar medidas climáticas urgentes y cooperar a nivel global para reducir las emisiones de GEI. La exhortación del Papa Francisco (Laudate Deum) sobre la crisis climática publicada hoy, 4 de octubre de 2023, es muy oportuna justo dos meses antes del inicio de la COP-28 a llevarse a cabo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Es un llamado contundente y consciente acerca de la crisis climática y sus consecuencias y de la urgencia para actuar de aquí a los próximos años, a la luz del imperativo de no incrementar la temperatura promedio global más allá del rango de 1.5 a 2 ºC. El Papa Francisco refrenda lo que ya había manifestado en la Carta Encíclica Laudato Sí en 2015 y actualiza con información científica fácilmente comprensible, los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París en 2015 y subsecuentes COP´s para facilitar y acelerar la transición a sociedades climáticamente resilientes y justas. El significado humanista que le imprime a los datos y evidencia de los reportes científicos globales, facilita la comprensión de la gravedad de la crisis climática y de la necesidad de acelerar la implementación de las medidas de mitigación y adaptación desde una perspectiva ecológica planetaria que se fundamente en una visión de desarrollo sostenible a escala humana. Al mismo tiempo, enfatiza la necesidad de una ética planetaria que promueva valores a ser compartidos por las naciones, pero en respeto a sus diferencias culturales, geográficas y religiosas. En el Laudato Si ya había hecho una crítica de raíz al paradigma tecnocrático que está detrás de la degradación actual del ambiente; en el Laudate Deum refrenda esa crítica y resalta el papel que juega el poder, sus límites y la responsabilidad de las instituciones y grupos humanos cuando se trata de buscar reducir los riesgos climáticos e incrementar las capacidades de respuesta locales e internacionales. En ese sentido, sugiere reconfigurar el multilateralismo para que responda de mejor manera a la nueva situación mundial que el cambio climático antropogénico impone. Cabe mencionar que ya en el Laudate Deum cuestiona los escasos resultados de la COP25 de Madrid (2019) y de la COP26 de Glasgow (2021) aunque resalta los avances logrados en a COP27 de Sharm El Sheikh (2022) en materia de financiamiento climático. ¿Qué se espera de la COP 28 de Dubai?, se pregunta el Papa Francisco. Sus expectativas son positivas pero con una carga importante de escepticismo si no se pisa el acelerador de la implementación de una amplia gama de medidas de mitigación más ambiciosas que realmente impulsen una transición energética justa (eficiente, obligatoria y fácilmente monitoreable) y que conduzca a rutas de desarrollo climáticamente resilientes. La acción climática global es como armar un equipo ganador, requiere compromiso político, un plan integral y los recursos adecuados. Las estrategias y leyes adecuadas son solo el comienzo; el financiamiento y la tecnología son esenciales para llevar a cabo estas medidas. No debemos olvidar la equidad y la justicia climática. La transición hacia una economía baja en carbono debe ser justa e inclusiva. Fortalecer las medidas de adaptación beneficia a las comunidades más vulnerables, y los cambios en el comportamiento y la producción de energía pueden mejorar el bienestar general. Las decisiones que tomemos hoy tendrán un impacto en las generaciones futuras. Trabajemos juntos para construir un futuro más saludable y sostenible para todos. La acción climática es una tarea colectiva que requiere esfuerzo y compromiso; los beneficios a largo plazo son invaluables.

El proceso de como las juventudes aportan a las cumbres climáticas globales Hace unos años tuve la fortuna de participar en la COY14 en Córdoba Argentina, recordando lo provechoso y nutritivo que fue aquel evento, ahora en el 2023 fui parte de la LCOY en la ciudad de México, llevado a cabo los días 22, 23 y 24 de agosto, organizado por las organizaciones juveniles, Reacciona  A.C. Legaya y Soema. La LCOY o Local Conference of Youth, es una cumbre climática bajo YOUNGO, la afiliación juvenil oficial de la UNFCCC. Esta cumbre busca propiciar un espacio para educar, empoderar y articular a la juventud, con el fin de poder aportar a las conferencias internacionales en materia de cambio climático. Es una versión nacional de la RCOY, la conferencia regional, que este caso es de Latinoamérica y el Caribe; para luego culminar en la COY (Conference of Youth), evento juvenil previo a la conferencia de las partes, la COP