LOS PARQUES DE PAPEL DE MÉXICO EN LA ERA DE EBULLICIÓN
por José R. Morales jose.morales@iniciativaclimatica.org La crisis de pérdida de la diversidad biológica, entre ella de los ecosistemas, es un problema que se entrelaza profundamente con la crisis del cambio climático. Por un lado, la permanencia y restauración de los ecosistemas son indispensables para que México alcance una ruta realista de emisiones neta cero a mediados de siglo; por el otro, los ecosistemas proveen de beneficios a la sociedad por las funciones naturales que realizan como la regulación del microclima, control de enfermedades, vínculos recreativos o espirituales con la sociedad, provisión de agua, alimentos, entre otros. Una de las herramientas de política pública utilizada ampliamente en el mundo para su conservación son las áreas protegidas. En México la estrategia de conservación de la biodiversidad a nivel gubernamental se ha centrado en la declaración de estas áreas, las cuales se definen como «zonas… en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas…» (Congreso de la Unión, 2023). Hasta mayo de este año, México contaba con 187 áreas protegidas de carácter federal y una cobertura de 10.9% de la superficie terrestre nacional —21.5 millones de hectáreas— y 22.0% de la superficie marina nacional —69.5 millones de hectáreas— (CONANP, 2023a). Sin embargo, de estas sólo 121 cuentan con un programa de manejo, de los cuales 32 tienen más de 15 años desde su diseño. El programa de manejo es el instrumento, que además de la descripción del área protegida, establece las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo en el territorio, distribuye responsabilidades y se diseña de acuerdo con el contexto político y social del momento. El Gobierno cuenta con un año, a partir de la declaración del área protegida, para la formulación del programa de manejo (Congreso de la Unión, 2023). En términos de superficie significa que alrededor de 1.1 millones de hectáreas del territorio nacional marino y 5.6 millones de hectáreas terrestres decretadas como áreas protegidas cuentan con un decreto pero no con un programa de manejo. Esta condición, se suma a las 7.2 millones de hectáreas terrestres (111 áreas) y 65.6 millones de hectáreas marinas de áreas protegidas (9 áreas) que no se encuentran registradas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con lo cual no se garantiza un equipo operativo o administrativo. Es decir, que sólo 76 áreas protegidas en México, 17.9 millones de hectáreas de las casi 91 millones, mantienen cierta operación en territorio que intenta la conservación, gestión y restauración de los ecosistemas. El resto puede catalogarse como «parques de papel», al contar con un decreto pero sin garantizar su operación y la cogestión con las comunidades que en ellas habitan (CONANP, 2023a). La Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), responsable de la administración de las áreas protegidas en México, cuenta con tres principales fuentes de financiamiento público para su operación en territorio: el Programa de Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas (E016), ejecutado por la misma institución; el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (S046), ejecutado por habitantes de las comunidades; y el Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (U040), ejecutado por terceros especializados. En el 2023, se designó en el presupuesto público de la federación 131,853,525 pesos para el E016 y 359,397,474 pesos para los programas que dependen de terceros, comunitarios o especializados (46.7% para el PROCODES y 53.3% para el antiguo PROCER) (SHCP, 2023b). En otras palabras, son 5.4 pesos por hectárea que se ejecutan a través de estos programas para «evitar» las crisis de pérdida de diversidad biológica y cambio climático en las áreas protegidas de carácter federal. De los cuales, 1.5 pesos son ejecutados directamente por la CONANP en cada hectárea. En el 2022, México presentó la actualización de su Contribución Determinada a nivel Nacional, donde pasó de un compromiso nacional de mitigación de 22 a 35% de reducción de emisiones con respecto a una línea base. Uno de estos nuevos compromisos fue el incremento de la superficie de áreas protegidas, 2 millones de hectáreas más al 2030 (INECC, 2022). En la conferencia matutina del pasado jueves 5 de octubre, el Presidente Andrés Manuel reafirmó su aspiración de ser la administración federal con mayor número de áreas protegidas decretadas (Gobierno Federal, 2023). Con este objetivo, en el transcurso del 2023 se han decretado 17 áreas naturales, la primera en mayo (4,843.6 hectáreas), trece en agosto (22,761.6 hectáreas) y tres en septiembre (640,115.6 hectáreas). Actualmente, México cuenta con 203 áreas protegidas, siendo decretadas 20 nuevas áreas en esta administración con una superficie total de 767,526.09 hectáreas. La titular de la SEMARNAT ha declarado que esperan alcanzar 225 áreas protegidas de carácter federal al finalizar la administración, con un incremento de cerca de 3 millones de hectáreas a la superficie actual. Pese a los esfuerzos en el aumento de la superficie, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 contempla una reducción porcentual para el próximo año de -4.4% en los programas presupuestarios que son ejecutados en las áreas protegidas (SHCP, 2023a). Es decir, con el incremento de la nueva superficie hasta inicios de octubre, por cada hectárea la CONANP operará con 28 centavos menos de su ya de por sí austero presupuesto. El incremento de la superficie como área protegida no garantiza su efectividad si no está directamente vinculado con un incremento en el financiamiento para la operación, gestión y bienestar de la biodiversidad y de las comunidades que en ellas habitan. El presupuesto anual mínimo considerado en algunos estudios para garantizar la conservación de las áreas protegidas es alrededor de 300 pesos por hectárea (McCarthy, 2013), el Gobierno Federal asigna el 1.7% de este monto. De continuar esta tendencia, incremento de superficie sin financiamiento, las Direcciones de las áreas protegidas reportarán resultados en el umbral del marco legal, pero sin lograr los objetivos de conservación. México requiere integrar de manera clara las diferentes estrategias de conservación —áreas protegidas, áreas voluntarias, unidades de manejo de
Sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco acerca del cambio climático
Autor: Dr. Fernando Aragón-Durand Vivimos en un mundo en constante transformación. El aire que respiramos, los océanos que atravesamos, los ecosistemas y ciudades están experimentando cambios dramáticos y acelerados. Las actividades humanas están teniendo un impacto profundo en nuestro clima, desencadenando eventos extremos en todo el planeta. Lamentablemente, estos cambios no se distribuyen equitativamente, y las comunidades que históricamente han contribuido menos al calentamiento global son las más afectadas. Ante esta situación, es imperativo tomar medidas climáticas urgentes y cooperar a nivel global para reducir las emisiones de GEI. La exhortación del Papa Francisco (Laudate Deum) sobre la crisis climática publicada hoy, 4 de octubre de 2023, es muy oportuna justo dos meses antes del inicio de la COP-28 a llevarse a cabo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Es un llamado contundente y consciente acerca de la crisis climática y sus consecuencias y de la urgencia para actuar de aquí a los próximos años, a la luz del imperativo de no incrementar la temperatura promedio global más allá del rango de 1.5 a 2 ºC. El Papa Francisco refrenda lo que ya había manifestado en la Carta Encíclica Laudato Sí en 2015 y actualiza con información científica fácilmente comprensible, los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París en 2015 y subsecuentes COP´s para facilitar y acelerar la transición a sociedades climáticamente resilientes y justas. El significado humanista que le imprime a los datos y evidencia de los reportes científicos globales, facilita la comprensión de la gravedad de la crisis climática y de la necesidad de acelerar la implementación de las medidas de mitigación y adaptación desde una perspectiva ecológica planetaria que se fundamente en una visión de desarrollo sostenible a escala humana. Al mismo tiempo, enfatiza la necesidad de una ética planetaria que promueva valores a ser compartidos por las naciones, pero en respeto a sus diferencias culturales, geográficas y religiosas. En el Laudato Si ya había hecho una crítica de raíz al paradigma tecnocrático que está detrás de la degradación actual del ambiente; en el Laudate Deum refrenda esa crítica y resalta el papel que juega el poder, sus límites y la responsabilidad de las instituciones y grupos humanos cuando se trata de buscar reducir los riesgos climáticos e incrementar las capacidades de respuesta locales e internacionales. En ese sentido, sugiere reconfigurar el multilateralismo para que responda de mejor manera a la nueva situación mundial que el cambio climático antropogénico impone. Cabe mencionar que ya en el Laudate Deum cuestiona los escasos resultados de la COP25 de Madrid (2019) y de la COP26 de Glasgow (2021) aunque resalta los avances logrados en a COP27 de Sharm El Sheikh (2022) en materia de financiamiento climático. ¿Qué se espera de la COP 28 de Dubai?, se pregunta el Papa Francisco. Sus expectativas son positivas pero con una carga importante de escepticismo si no se pisa el acelerador de la implementación de una amplia gama de medidas de mitigación más ambiciosas que realmente impulsen una transición energética justa (eficiente, obligatoria y fácilmente monitoreable) y que conduzca a rutas de desarrollo climáticamente resilientes. La acción climática global es como armar un equipo ganador, requiere compromiso político, un plan integral y los recursos adecuados. Las estrategias y leyes adecuadas son solo el comienzo; el financiamiento y la tecnología son esenciales para llevar a cabo estas medidas. No debemos olvidar la equidad y la justicia climática. La transición hacia una economía baja en carbono debe ser justa e inclusiva. Fortalecer las medidas de adaptación beneficia a las comunidades más vulnerables, y los cambios en el comportamiento y la producción de energía pueden mejorar el bienestar general. Las decisiones que tomemos hoy tendrán un impacto en las generaciones futuras. Trabajemos juntos para construir un futuro más saludable y sostenible para todos. La acción climática es una tarea colectiva que requiere esfuerzo y compromiso; los beneficios a largo plazo son invaluables.
ICM en la LCOY 2023
El proceso de como las juventudes aportan a las cumbres climáticas globales Hace unos años tuve la fortuna de participar en la COY14 en Córdoba Argentina, recordando lo provechoso y nutritivo que fue aquel evento, ahora en el 2023 fui parte de la LCOY en la ciudad de México, llevado a cabo los días 22, 23 y 24 de agosto, organizado por las organizaciones juveniles, Reacciona A.C. Legaya y Soema. La LCOY o Local Conference of Youth, es una cumbre climática bajo YOUNGO, la afiliación juvenil oficial de la UNFCCC. Esta cumbre busca propiciar un espacio para educar, empoderar y articular a la juventud, con el fin de poder aportar a las conferencias internacionales en materia de cambio climático. Es una versión nacional de la RCOY, la conferencia regional, que este caso es de Latinoamérica y el Caribe; para luego culminar en la COY (Conference of Youth), evento juvenil previo a la conferencia de las partes, la COP
Combustibles Prohibidos
Mensaje de las organizaciones agrupadas bajo la iniciativa Combustibles Prohibidos Al igual que el Planeta, México se encuentra en un momento crítico frente a los desafíos ambientales que definirán el presente y futuro que dejaremos a las próximas generaciones. La emergencia climática requiere tomar acciones urgentes e inmediatas para frenar el calentamiento global, contribuir al bienestar de las personas y garantizar el goce efectivo de los derechos humanos. Nuestro país necesita combatir la pobreza energética, satisfaciendo las necesidades de acceso a la energía de toda su población, con una visión de justicia, equidad, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. Para lograr lo anterior, proponemos impulsar, con el apoyo de las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil, una ruta de TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA E INCLUYENTE. En esta ruta, los combustibles fósiles deben quedar fuera del futuro energético de México, empezando por el carbón y el combustóleo, que en el corto plazo deben considerarse combustibles prohibidos por ser altamente contaminantes del aire, del agua, suelo y océanos, afectar gravemente la salud de las personas y generar emisiones que contribuyen a agravar la crisis climática planetaria. La ruta de transición energética que proponemos incluye: Dejar de utilizar combustibles fósiles, empezando por el carbón y el combustóleo, para la generación de energía eléctrica. El orden de despacho de las centrales eléctricas deberá tomar en cuenta como prioridad criterios de justicia climática, sustentabilidad, emisiones, resiliencia, seguridad y confiabilidad. Las centrales de generación eléctrica con carbón y combustóleo pasarán al final del orden de despacho. Se deberá establecer un programa de retiro y sustitución de centrales altamente contaminantes antes del 2030, enfocado principalmente en las centrales termoeléctricas que utilizan combustóleo y carbón. Promover una transición energética justa. Ello significa definir de manera participativa una ruta lejos de los combustibles fósiles, que sea socialmente incluyente, con perspectiva de género, que atienda los impactos en las generaciones actuales y futuras, incorpore las necesidades de comunidades locales y garantice el respeto de los derechos humanos. Resulta imprescindible generar espacios de diálogo para desarrollar de forma colectiva programas sociales que detonen desarrollo local sustentable y diversifiquen la economía en comunidades donde se aplique el programa de retiro del carbón. Construir un sistema energético incluyente. Para lograr ese objetivo se requiere integrar las visiones y necesidades de todas y todos, así como asegurar la participación amplia, significativa y con representación efectiva de todos los sectores en los procesos de toma de decisión en el sector energético. Garantizar energía sustentable para todas y todos. Se deberán promover alternativas sustentables, descentralizadas y locales que permitan democratizar las tecnologías, garantizando el acceso, generar autosuficiencia energética, resiliencia climática e incentivar el bienestar entendiendo las necesidades y contextos locales. Eliminar las emisiones contaminantes. Para garantizar los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano, se requiere contar con aire, agua y suelo saludables. Ello implica avanzar hacia la descarbonización de la economía y dejar de emitir a la atmósfera Gases de Efecto Invernadero y partículas contaminantes, así como dejar de arrojar a nuestros cuerpos de agua descargas industriales, residuos peligrosos y derrames contaminantes de hidrocarburos. Distribuir con justicia los costos y los beneficios de la transición energética. Se pondrá énfasis en maximizar los beneficios locales sociales, económicos y ambientales y asegurar su distribución equitativa, entre sectores y entre las generaciones del presente y el futuro, de tal manera que se actúe con una mirada de justicia climática. Reducir la pobreza energética. Para alcanzar esta meta es necesario garantizar el acceso a la energía eléctrica de manera equitativa, asequible, segura y sustentable para todas las personas, principalmente para los grupos y personas históricamente excluidos. Este objetivo implica construir un marco regulatorio que incentive la implementación de proyectos de energía colectiva y comunitaria en espacios urbanos y rurales. Redirigir el gasto público destinado actualmente a combustibles fósiles. Urge reducir subsidios y presupuesto a proyectos de combustibles fósiles y canalizarlos a la transición energética como se describe en los puntos anteriores, así como a programas de adaptación y mitigación del cambio climático. Aprovechemos la oportunidad de construir colectivamente una política energética transparente, justa, incluyente, que garantice la protección de los derechos humanos y que sea sustentable, que optimice los beneficios sociales, económicos, ambientales y climáticos para el país y todas y todos sus habitantes. CONOCE DE DÓNDE VIENE TU ENERGÍA DIFUNDE ESTA INFORMACIÓN #combustiblesprohibidos #descubreelorigendetuenergía Datos de contacto: Ricardo Ruiz ricardo_ruiz@cemda.org.mx Jorge Villarreal jorge.villarreal@iniciativaclimatica.org