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2030: Los bosques de nadie

Por José Morales 

Recuerdo la primera ocasión que escuché el concepto de «tragedia de los comunes» dentro de la obra de Elinor Ostrom. Al igual que a varias personas en aquel caluroso salón a las afueras de Mérida, me pareció de lo más adecuado para describir lo que sucede a lo de uso «común». El consenso, al menos entre economistas, es que aquellos recursos de uso colectivo inevitablemente terminarán en sobreexplotación, hasta consumirse por completo. Rememoro este concepto al leer la meta nacional de Deforestación Neta Cero y a ocho años del 2030 —año parteaguas para las metas de cambio climático—. ¿De quién depende y a quién le corresponde la conservación de los bosques?, ¿qué se necesita para llegar ahí?

Este texto dista de responder las preguntas, pero sí pretende no retirar el dedo del renglón y hacer un breve «corte de caja» en el cumplimiento de esta meta. Desde la firma del Acuerdo de París, México publicó sus compromisos de adaptación y mitigación al cambio climático, entre estos, se redactó la meta de Deforestación Neta Cero, que es el resultado entre pérdidas y ganancias de tierras forestales. No implica detener la deforestación, sino que ésta no sea mayor que las hectáreas que se restablecen de manera natural —ganancia— o los permisos otorgados de cambio de uso de suelo —alrededor de 12 mil hectáreas por año—.

La plataforma en línea Global Forest Watch publicó el reporte de pérdida de cobertura arbórea a nivel global en el 2020, donde México ocupó el lugar número 10, con 237.4 mil hectáreas. Esta pérdida representa emisiones equivalentes a las de 10.7 millones de vehículos, algo así como el parque vehicular de Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca juntos. Para llegar a la meta de Deforestación Neta Cero, en el 2030, México tendría que comprometerse a reducir la deforestación bruta anual de 15.5 mil hectáreas a partir del 2021, una superficie similar a 21,708 veces la cancha del estadio Azteca. ¿Quiénes son responsables de lograrlo? La constitución no deja margen a dudas: la Nación.

Aunque se ha transmitido el dominio de las tierras a particulares o sociedades, el aprovechamiento de los recursos naturales es a través de concesiones otorgadas por la Federación con objeto de hacer una distribución equitativa, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida. Sin embargo, el presupuesto del sector ambiental y en particular la institución obligada a desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal —léase Comisión Nacional Forestal— ha disminuido su presupuesto en 30% desde el 2018. Esto se traduce en menores capacidades del Estado para promover acciones encaminadas al desarrollo rural sustentable, la conservación de ecosistemas o la  protección y vigilancia de los recursos naturales. Esta administración le está apostando más —literalmente 9.5 veces más presupuesto— a los programas sociales en las zonas rurales de México, en un intento de impulsar la agricultura campesina —en aras de modelos menos intensivos—, que a fortalecer las instituciones en materia forestal. 

Las zonas con mayor cobertura forestal en el país se encuentran en aquellas con altos índices de pobreza y marginación, mayormente en propiedades de uso común. ¿Por qué esto me recuerda a la «tragedia de los comunes»? Porque Elinor Ostrom establece que no existe nadie mejor para gestionar sosteniblemente un recurso que las partes involucradas, sean éstas de carácter social o privado. No obstante, para que esto ocurra hay condiciones: a) disponer de los medios e incentivos para hacerlo, b) mecanismos de comunicación efectivos, y) reparto equitativo de los costos y beneficios. Estas condiciones dependen de instituciones ambientales y forestales sólidas, capaces de mediar y encontrar soluciones ante la disyuntiva entre la conservación y el desarrollo. Ante el actual panorama, me pregunto ¿lograremos la deforestación neta cero para el 2030?

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