Saltar al contenido

¿Qué se requiere para salvar un bosque?

Por Lilián Sánchez Flores

¿Recuerdas mi blog anterior? En él afirmaba que para lograr la protección de los bosques mexicanos se requiere un cuidado activo, manejo comunitario sustentable del territorio y financiamiento para que cuidadoras y cuidadores de estos ecosistemas reciban un salario justo por su trabajo. A su vez es importante reducir la demanda de productos que incentivan la deforestación.

Históricamente, el financiamiento para el cuidado de los bosques proviene del presupuesto gubernamental. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) otorga apoyos económicos a cuidadoras y cuidadores forestales a través de diferentes mecanismos. El programa “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable” distribuye financiamiento bajo distintos esquemas, siendo el Pago por Servicios Ambientales (PSA) el más común y el que más presupuesto recibe.

Los esquemas de PSA parten de la idea de que la naturaleza, a través de sus múltiples funciones, brinda “servicios” al ser humano, los cuales tradicionalmente quedan fuera de la ecuación económica. En 2003 el Congreso aprobó reformas a la Ley Federal de Derechos con las cuales la CONAFOR obtuvo un presupuesto de 192 millones de pesos (que en 2004 ascendió a 300 millones) para el PSA.[4] La idea original de los PSA incluía promover el acceso a mercados nacionales e internacionales relacionados con la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas forestales.[5] Esto permitiría la sostenibilidad en el tiempo de los esfuerzos de restauración, protección y conservación forestal. Sin embargo, el PSA ha enfrentado distintas barreras, y se ha convertido principalmente en un programa de asistencia social y no de transición hacia otros mecanismos financieros de largo plazo.

¿Por qué es peligroso depender sólo del presupuesto gubernamental para la protección forestal? Cuando un proyecto de nación no prioriza el cuidado del territorio forestal o cuando se atraviesa una crisis presupuestal, los recortes económicos impactan directamente en los programas gubernamentales e, históricamente, aún más los de corte ambiental. Tan sólo entre 2019 y 2020 el presupuesto federal destinado al PSA pasó de 1,021 millones de pesos a 556 millones de pesos, es decir, una reducción del 45.5%.[6]

Los proyectos forestales de carbono, que ponen a la venta créditos de reducción de emisiones, son una alternativa para garantizar la permanencia de esfuerzos de conservación o restauración de bosques. En combinación con actividades como la agroforestería y la certificación de productos forestales es posible lograr que las comunidades adquieran ingresos dignos por su importante labor de protección y cuidado forestal. Sin embargo, es preciso que estos esquemas aseguren que las comunidades sigan siendo las dueñas de los territorios en los que habitan.

México cuenta con experiencia para la implementación de estos proyectos, con resultados exitosos cuando se consideran las salvaguardas ambientales y sociales. Para lograrlo ha sido importante el uso de estándares robustos[7] que aseguran su cumplimiento. Ejemplo de estas experiencias es el proyecto Scolel’te, de la cooperativa AMBIO, desarrollado bajo el estándar internacional Plan Vivo y que cubre 9 mil hectáreas forestales e incorpora a 90 comunidades en Chiapas. Otro ejemplo es el de los proyectos de la Integradora de Comunidades Indígenas y Campesinas en Oaxaca (ICICO), que ha logrado la venta de más de 230 mil créditos de carbono con apoyo de protocolos de la Reserva de Acción Climática.[8] También existen proyectos forestales que utilizan otros estándares confiables como Verified Carbon Standard de Verra o Gold Standard. En los próximos años se espera que surjan más iniciativas de este tipo.

Los proyectos forestales de carbono no están exentos de retos (barreras legales, tenencia de la tierra, monitoreo, capital inicial, etc.). Pese a estas barreras pueden ser parte de la solución para el gran reto de la protección forestal.

  1. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020: Informe Nacional México, disponible en: http://www.fao.org/3/j2215s/j2215s00.htm#TopOfPage

  2. Definición establecida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

  3. Lucía Madrid, et. al. “La propiedad social forestal en México”, en Investigación Ambiental, Vol. 1, Núm. 2, pp. 179-196.

  4. Este esquema tuvo como antecedentes experiencias locales en Veracruz (en la zona montañosa de Coatepec) y la Ciudad de México (con el programa “peso por árbol”).

  5. Gustavo A. Del Ángel-Mobarak (cood.), La Comisión Nacional Forestal en la historia y el futuro de la política forestal de México, Ciudad de México: Centro de Investigación y Docencia Económica-Comisión Nacional Forestal, 2012, p. 148.

  6. Lucía Madrid y Karol Hernández, “¿Hacia dónde van los apoyos al sector forestal en la nueva administración?”, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, 2021, disponible en: https://www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/2021_02_SubsidiosForestales.pdf, p. 7 (consulta: 20 de junio de 2021).

  7. Un estándar robusto para proyectos de carbono forestal establece metodologías para la cuantificación de remociones de CO2, su certificación y maximización del impacto positivo de reducción de carbono, sumado a esfuerzos de conservación, biodiversidad, mejora social, entre otros.

  8. Para una discusión más amplia de estos dos proyectos puede consultarse Benjamín Rontard, et. al., “Pagos por captura de carbono en el mercado voluntario en México: diversidad y complejidad de su aplicación en Chiapas y Oaxaca”, en Sociedad y Ambiente, 2020, núm. 22, pp. 212-236.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.