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Eliminar subsidios a los combustibles fósiles e incluir instrumentos de mercado para facilitar el combate al cambio climático: organizaciones civiles. El impuesto al carbono en los combustibles y el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) deben retomarse por la siguiente administración con mayor coherencia, transparencia y ambición. Los subsidios energéticos generalizados deben ser eliminados progresivamente y sustituidos por apoyos focalizados a grupos de bajos ingresos y políticas de Estado que promuevan energías renovables El Acuerdo de París establece la necesidad de utilizar todas las medidas disponibles para mitigar las emisiones de GEI. El impuesto al carbono puede ser un instrumento clave para dirigir la política nacional de reducción de emisiones y la transición energética. Instrumentos como el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) pueden ayudar a incrementar la ambición en la reducción de emisiones de GEI de manera costo-efectiva. Ciudad de México, 30 de abril de 2018.- El World Resources Institute (WRI) México, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Iniciativa Climática de México (ICM) convocaron por quinta ocasión a representantes de distintos medios de comunicación para continuar promoviendo la necesidad de una política de estado congruente y ambiciosa en materia de cambio climático y energía por la siguiente administración federal. Durante esta sesión, los expertos de las tres organizaciones profundizaron en la necesidad de trabajar en las políticas tributarias, la reducción de los subsidios que promueven comportamientos contaminantes y del uso de instrumentos de mercado disponibles para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del cambio climático, de manera costo-efectiva y reconociendo las externalidades ambientales que producen algunas actividades económicas y de explotación de recursos. El impuesto al carbono en los combustibles fósiles ha tenido un impacto muy limitado por tres razones principales: No refleja de manera acertada el verdadero costo de la degradación ambiental y los efectos en la salud por el uso de combustibles fósiles. El impuesto actual (70 pesos por tonelada, en promedio) no ha logrado modificar el comportamiento de la sociedad (la demanda por combustibles). El impuesto al carbono omite al gas natural y desvirtúa dicha política. “Lo que se pensó como una medida para la transición hacia fuentes menos contaminantes (el uso de gas) para la generación de energía, se está convirtiendo en la principal fuente de emisiones de la matriz energética de México”, dijo Carlos Tornel, coordinador de programas de ICM. Lo anterior es particularmente preocupante cuando México se vuelve cada vez más dependiente del gas importado de Estados Unidos (actualmente, el 62% del gas natural es importado de EUA). En este sentido, es necesario revisar el diseño del impuesto para incluir el costo de las emisiones que provienen del gas natural y desincentivar su uso. Falta de transparencia: El impuesto al carbono presenta un serio problema para identificar en qué programas, acciones y proyectos se invierten estos recursos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el impuesto recaudó 17 mil millones de pesos tan solo entre el 2014 y 2015. Sin embargo, hasta la fecha no se sabe en qué se han invertido estos recursos y bajo qué criterios (por ejemplo, si los recursos se invierten en proyectos o programas que contribuyen a la reducción de emisiones de GEI), debido en gran medida a la caída de los precios internacionales del petróleo y al declive de la producción petrolera después de la reforma energética. Al mismo tiempo, debido a una inexistente estrategia para mitigar los impactos de la liberalización de los precios de las gasolinas, el Gobierno Federal ha comenzado a subsidiar de manera indirecta los combustibles, eliminando por completo las capacidades recaudatorias del impuesto. En este sentido, es importante reconocer que la liberalización de los precios de los combustibles era una medida acertada en los últimos dos gobiernos de la APF, sin embargo, el Gobierno Federal no ha implementado una política distributiva de los ingresos recaudados. Entre 2012 y 2016 el subsidio a los combustibles fósiles era de cerca del 1.2% del PIB, mientras que el impuesto de 1.5%. Durante ese mismo periodo, el precio de la gasolina se incrementó en un 43%. Esta diferencia permitió alcanzar una recaudación tributaria adicional del orden del 4% del PIB en el año 2016″. “Aunque es cierto que el subsidio beneficiaba a los hogares que menos necesitaban del subsidio, la eliminación del subsidio sin un adecuado programa de compensación para quienes sí lo necesitan ha afectado de manera desproporcionada a los hogares más pobres”, dijo Manuel Molano, director general adjunto del IMCO De haber invertido los ingresos recaudados en programas que beneficien a quienes más lo necesiten, el Gobierno federal podría haber reducido la pobreza extrema en el orden del 40%, sin embargo, el mal ejercicio del gasto público ha limitado la transición de un modelo de subsidios a un modelo de mal ejercicio del gasto público. Por ello, es fundamental que la siguiente administración asegure una continuidad a las políticas de liberalización de los combustibles fósiles, siempre y cuando asegure la reinversión del gasto público en programas que beneficien a quienes más se ven afectados por la elevación de los precios. Asimismo, los panelistas mencionaron que, en materia de subsidios, el apoyo gubernamental al sector eléctrico residencial, que actualmente representa el 26% del sistema energético nacional, se ha convertido en el subsidio más cuantioso de la Administración Pública Federal (APF). “Reinvertir el subsidio eléctrico en un programa de generación distribuida a gran escala debe convertirse en una prioridad de la siguiente Administración”, mencionaron, “de lo contrario el subsidio podría alcanzar los 160 mil millones de dólares en 2040, convirtiéndose en el egreso más cuantioso del Gobierno federal.” Finalmente, se abordó el tema del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE), el cual se ha convertido en una obligación para el país después de la reciente reforma al Artículo 94 de la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la cual establece que este debe convertirse en un instrumento obligatorio después de un piloto de 36 meses que a su vez debe comenzar este año. El SCE

[DESCARGAR BOLETÍN] Indispensable evitar la construcción excesiva de infraestructura de refinación y de generación de electricidad basada en el gas natural y trabajar por la eficiencia energética: Organizaciones civiles. Ante la acelerada transición energética en el mundo y la inminente electrificación de la movilidad urbana, antes de tomar decisiones sobre inversiones multimillonarias en nuevas refinerías se debe analizar cuál es el punto óptimo de capacidad de refinación del país, para que no terminemos en menos de 20 años con un cementerio de instalaciones subutilizadas o innecesarias por ya no ser necesaria la producción de combustibles líquidos. La eficiencia energética representa un área de oportunidad para reducir emisiones, aumentar la seguridad energética, disminuir la presión sobre los presupuestos nacionales y de los hogares, aumentar la competitividad y favorecer el desarrollo económico y la calidad de vida de los usuarios. Los edificios son responsables de consumir el 40% de la demanda mundial de energía, si se implementan prácticas adecuadas, se podría reducir la demanda energética de los edificios en un tercio para 2050. Por cada dólar que se gasta en eficiencia, se ahorra más del doble en gastos de abastecimiento energético. La eficiencia energética en edificios, casas y otros sectores será un pilar fundamental para que México logre cumplir sus metas de mitigación de emisiones plasmada en sus contribuciones nacionales ante el acuerdo de Paris (NDCs). La utilización de la capacidad instalada del Sistema Nacional de Refinación en 2017 fue de sólo un 48%, mientras que el consumo de gasolinas y diésel creció 3.8% y 1.5% respectivamente de 2015 a 2016. Para satisfacer la demanda interna, en 2017 se importó más del 71% de la gasolina consumida en el país y 66% de diésel. A pesar de esta apremiante situación, es indispensable analizar con rigor y objetividad cuál es la capacidad de refinación que México debe mantener y/o adquirir, para garantizar un suministro oportuno de petrolíferos al mercado interno, pero con criterios de costo-efectividad, y sobre todo valorando adecuadamente el cambio vertiginoso que se dará en el mundo con la penetración acelerada de las energías renovables y la eventual eliminación de los combustibles fósiles en el transporte. Ciudad de México, 25 de abril de 2018.- El World Resources Institute (WRI) México, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Iniciativa Climática de México (ICM) se reunieron por cuarta ocasión con representantes de distintos medios de comunicación para continuar promoviendo que la siguiente administración establezca una Política de Estado congruente y ambiciosa en materia de cambio climático y energía. Durante esta sesión, los expertos hablaron sobre la importancia de implementar medidas de eficiencia energética como una estrategia para aumentar la seguridad energética y reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La eficiencia energética debe ser un tema prioritario a nivel nacional e internacional, ya que los edificios son responsables de consumir el 40% de la demanda mundial de energía y emiten una tercera parte de las emisiones de GEI. En el contexto nacional, la eficiencia energética ha tenido una penetración endeble debido a barreras políticas, técnicas y financieras. Andrés Flores, Director de Cambio Climático y Energía de WRI México, recalcó la importancia de adecuar el financiamiento disponible a los mercados locales y que este sea respaldado por políticas, regulaciones e incentivos adecuados. Por otro lado, se abordó el tema de la importancia de considerar a la infraestructura energética como un posible activo varado específicamente en los temas de refinación y generación de electricidad basada en gas natural en México. Se explicó que los activos varados son aquella infraestructura que se convierte en obsoleta, subutilizada o innecesaria mucho tiempo antes del tiempo mínimo esperado de operación para que las inversiones en esta infraestructura resultaran rentables. Esta situación se puede dar cuando ocurren transformaciones radicales y aceleradas de un sector antes de que su vida útil de infraestructura como refinerías y plantas termoeléctricas entre otros. ICM mencionó que el panorama de refinación en nuestro país es complejo, intensivo en capital y con retornos de inversión a largo plazo, además de que existe volatilidad en los precios del crudo y desde hace varios años nos enfrentamos a una baja en las reservas. El contexto nacional es importante a la hora de tomar decisiones de inversión y en el caso de México, Pemex se enfrenta desde hace décadas a una serie de problemas estructurales a lo largo de toda su cadena de valor; esto se suma a un desempeño operativo deficiente y a la falta de recursos; lo que ha llevado al Sistema Nacional de Refinación (SNR) a presentar en 2017, una tasa de utilización de 48%, cifra muy por debajo del nivel internacional. En 2016, la demanda nacional de petrolíferos aumentó 29% con respecto al año anterior, y casi el 80% se destinó al sector transporte. En 2017, para satisfacer la demanda interna, se importó más del 71% de la gasolina consumida en el país, 66% de diésel y más de la mitad del gas LP. En ese mismo año, el único combustible con participación en las exportaciones de petrolíferos fue el combustóleo, pero se espera que para el 2019, el mercado de este se desplome debido al acuerdo con la Organización Marítima Internacional, el cual prohíbe su uso a partir del 2020. Lo que afectará la rentabilidad de las refinerías Salamanca y Salina Cruz. Ante esta situación “Es necesario encontrar el punto óptimo de crecimiento en nuestra capacidad de refinación para reducir nuestra dependencia y la inversión de divisas en derivados del petróleo, pero garantizando que no sobre invertimos en capacidad de refinación. Debemos evitar quedarnos en el futuro con activos varados, representados por una infraestructura de refinación que en menos de 20 años estaría sobrada y sería ociosa, si perseguimos obsesivamente la idea de la autosuficiencia en la producción de gasolinas y diésel” dijo Adrián Fernández, Director Ejecutivo de Iniciativa Climática de México. En el caso del gas natural, la demanda nacional en 2016 fue de 7,619 millones de pies cúbicos diarios y en la última década dicha demanda incrementó 34% debido al incremento en el uso de plantas de

Resumen Ejecutivo El documento a continuación presenta la descripción de una propuesta de programa denominado “Bono Solar”, un análisis de costo-beneficio para la Fase1 de implementación del programa Bono Solar, y una solicitud de asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) al Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE) por 985 millones de pesos para el primer año de operación (2018) de la Fase 1 del programa Bono Solar. A través del programa Bono Solar se re-orienta el actual subsidio eléctrico residencial para convertirlo en parte de los fondos que los usuarios, en un esquema de arrendamiento, requerirían para instalar medidas de eficiencia energética y techos solares de suficiente capacidad para satisfacer sus necesidades actuales y generar un volumen adicional para alimentar a la red. La parte medular del programa es que el pago mensual por parte del usuario por concepto de arrendamiento del techo solar a CFE SSB, deberá ser entre 15 a 20% por debajo de su pago actual por concepto de electricidad. En la Fase 1 de implementación del programa Bono Solar se propone atender en un periodo de 15 años al 4% de los usuarios residenciales subsidiados, es decir aproximadamente 1.4 millones de usuarios. La Fase 1 del programa Bono Solar se ha propuesto sea implementada en ciertos municipios representativos de las regiones climáticas y tarifarias. En el primer año de operación (2018) de la Fase 1 del programa se atenderá a un estimado de 0.09% de la población representando 32,334 usuarios residenciales subsidiados. Para la operación del programa en 2018 se requieren de 985 millones de pesos de fondo de arranque para con esto cubrir el monto del bono solar requerido para la implementación de 32,334 techos solares. El análisis costo beneficio aquí presentado muestra que la implementación de la Fase 1 del programa Bono Solar genera beneficios económicos directos al usuario, al Estado, a CFE SSB y al medio ambiente. El programa en su Fase 1 considerando el horizonte de evaluación de 35 años traerá al Estado un beneficio en términos de Valor Actual Neto (VAN) de $20,650 millones de pesos con una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 17%. Al mismo tiempo permite a los usuarios una reducción en su gasto por concepto de electricidad de entre 15 y 20%, así como la mejora del desempeño energético de su vivienda. Finalmente, el programa es viable y atractivo económicamente para CFE SSB como operador central del programa y arrendador de los techos solares obteniendo flujos positivos de efectivo desde el primer año y una TIR del proyecto de 16%. A continuación se presenta una tabla resumen con los montos de inversión y beneficios resultantes; totales y por municipio, en donde se propone la implementación de la Fase 1 del programa Bono Solar. La tabla muestra los montos de inversión acumulados en términos de valor presente descontados al 3%. Los beneficios mostrados también son acumulados en términos de valor presente y descontados al 3% considerando la vida útil de los techos solares (20 años). Documento completo de Bono Solar ICM – Click  aquí 

Solving Mexico’s Electricity Subsidy and Energy Poverty Granting Solar Bonuses for PV Solar Rooftops. Daniel Chacon-Anaya Executive Summary The “Solar Bonus” program aims to refocus the present and highly regressive residential electricity subsidy towards providing part of the funds that residents require to install solar PV rooftops with enough capacity to supply their present power needs. At the same time, users can get a discount from their power bills as was promised during the campaign to gain support for the energy reform. Additionally, the new rules allow residential users to sell to the grid any surplus volume of electricity they generate. The rationale is that homes with a solar rooftop will no longer require a subsidy and, furthermore, will make a profit by supplying clean energy to the grid at a cost lower than CFE’s unsubsidized electricity prices. According to the World Bank, Mexico has one of the most complex tariff and subsidy structures in the world Under the new rules regarding distributed generation, small generators under 500 kW skip the cumbersome permitting process, and can be interconnected to the grid by presenting simple paperwork. However, the present highly subsidized tariffs deter PV adoption; residents prefer to continue under the subsidy umbrella instead of disbursing a significant upfront cost for installing PV rooftops. The purpose of the solar bonus is to lower the cost of the solar rooftop in order to break the subsidy barrier to reach parity between present residential tariffs and PV technology costs. Users will be able to afford to install PV by paying monthly installments equivalent to the present tariffs rate minus a sizable discount, leaving their subsidy dependency. In turn, the State will use the freed subsidy to finance other pressing needs in the country. Additionally, the program could include several energy efficiency measures to optimize investments in solar rooftops and improve the houses’ energy performance. Distributed generation by residential solar rooftops offers the unique opportunity to solve at least four pressing problems that Mexico faces: (1) a gigantic subsidy, estimated to be 6.2 billion USD/yr for 2017 (1 USD = 19 MXP), for residential electricity that is very expensive to public finances, and very regressive favoring the higher income population; (2) energy poverty that affects a very significant proportion of the population that cannot aspire to a better living standard because electricity is very expensive even with the highly subsidized tariffs ; (3) shortage of mitigation opportunities in the electricity sector to comply with Mexico’s INDCs (now NDCs) committed under the Paris agreement; (4) save capital investments in centralized electricity generation, transmission and distribution by democratizing energy as citizens are able to participate as electricity suppliers for their own use and for selling electricity to the grid. The “Solar Bonus” program uses the electricity subsidy as a tool to solve the four problems in a very substantial way: • Fully deployed, this program (scenario DG1.2-70) will install, on 70% of Mexico’s homes, 25.1 million rooftops with a total capacity of 27.1 GW in a 15-year time span, allowing residences to generate their own electricity without any subsidy. These figures are comparable with other efforts at the international level . • It will free around 67,495 million MXP, equivalent to three billion dollars, per year, to be used in much needed and under-budgeted social programs • Save 23.6 million tons of CO2 eq. per year (considering a factor of 498 kg CO2eq/MWh) helping Mexico to comply with the NDCs. • Save and/or delay investments in generation and transmission, and avoid loses in transmission. • Allow people to enjoy better living standards by effectively lowering electricity cost by taking advantage of decreasing PV technology prices. • Open a new business avenue worth 527,966 billion MXP equivalent to 27.7 billion USD. This amount is equivalent to 0.20% of GDP with new value chains and creating at least 200,000 jobs. • It will provide people with the opportunity of an additional income by selling electricity to the grid. • Save around 200,000 oil barrels per day   MEXICO SOLAR BONUS DOCUMENT DOWNLOAD HERE