Sexto taller de medios: Por una agenda climática con visión de Estado.
DESCARGAS: BOLETÍN Necesario generar planes sectoriales de descarbonización para combatir el cambio climático: diversas ONG Organizaciones exigen priorizar implementación de políticas y acciones específicas de descarbonización de los sectores energía y transporte para mantenerse en la ruta de los 2°C. El Acuerdo de París recalca que las políticas públicas de mitigación climática deben pasar ya de la PLANEACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN. Para ello se deben elaborar PLANES SECTORIALES DE DESCARBONIZACION que contengan rutas detalladas para implementar acciones específicas en el corto y mediano plazo. El sector transporte y el sector energía tienen la mayor aportación de emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, 25 y 24% respectivamente. Por lo que es fundamental empezar a implementar acciones en estos sectores de inmediato. Establecer metas más ambiciosas de energía renovable para 2024, es posible y necesario si México quiere cumplir con sus compromisos internacionales. Necesario transformar el modelo de movilidad priorizando el transporte público sobre el privado; renovar las flotas y los esquemas de transporte público en México. Promover e impulsar proyectos de electro-movilidad y tecnologías más limpias para los sistemas de transporte público es elemental si se quiere transitar a un sector descarbonizado. Ciudad de México, 23 de mayo de 2018. En el marco del VI Taller de Medios; Por una agenda climática con visión de estado, El World Resources Institute (WRI) México, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Iniciativa Climática de México (ICM) profundizaron en la necesidad de que la siguiente administración elabore de inmediato Planes Sectoriales de Descarbonización que contengan metas de reducción de emisiones específicas y rutas detalladas para la implementación de políticas y acciones que contribuyan a combatir el cambio climático y permitan al país cumplir con sus compromisos establecidos en el Acuerdo de Paris. Por ello, hicieron un llamado a los candidatos presidenciales a no rezagar a México en la acción climática y continuar con el liderazgo demostrado hasta ahora, y resaltaron que el medio para lograrlo es a través del financiamiento climático, el desarrollo y la transferencia de tecnología y el fomento de capacidades. Referente al sector energía, Daniel Chacón, director de Energía de ICM, comentó que, en 2015, las industrias de la energía contribuyeron en con 165 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, las plantas de generación eléctrica a base de ciclo combinado tuvieron una aportación del 3.6% del total sectorial. De acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2017 – 2031 la capacidad instalada de ciclo combinado aumentará de 28,094 MW en 2017 a 44,181 MW en 2031. Sin embargo, la Iniciativa Climática de México realizó un análisis donde si se reduce dicha cifra a 26,362MW en 2031 y se incrementa la capacidad de energía solar a gran escala a 40,718 MW se mitigarían 34 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) y se ahorrarían 17,727 millones de pesos al año, lo que permitiría mantener al sector en la ruta de los 2°C al 2030. “Dicha reducción de emisiones puede aumentar a 43MtCO2e si se integra la energía solar fotovoltaica en generación distribuida con una capacidad de 14,067MW para 2031” declaró Chacón. Asimismo, dijo que las últimas dos subastas eléctricas demostraron que la energía solar y eólica ofrecen precios bajos en el mercado, incluso más bajos que las plantas de ciclo combinado. El precio de venta de 1 mega watt hora más un Certificado de Energía Limpia pasó de 47.78 dólares en 2015 a 33.4 dólares en la subasta de 2016 y para 2017 este llegó a 20.57 dólares. Por lo anterior, Inder Rivera, gerente de Energía Limpia de WRI México, coincidió con Chacón en que es necesario incrementar las metas de penetración de energías renovables a la matriz energética a por lo menos un 40% en 2024 comparado con el 35% actualmente establecido en la Ley de Transición Energética. Por otro lado, Adrian Fernández, director ejecutivo de ICM, y Manuel Molano, director adjunto del IMCO, resaltaron la importancia de trabajar específicamente en la reducción de emisiones del sector transporte, siendo estos los mayores emisores en nuestro país. Fernández, comentó que, en 2015, el sector transporte en México emitió 171 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, de las cuales el 23% provienen del sector autotransporte y recalcó la importancia de priorizar el uso de transporte público masivo a través de la implementación de sistemas de transporte tipo Bus Rapid Transit (BRT) así como facilitar esquemas de transporte público concesionado para lograr una reducción de emisiones efectiva. “En el caso de la Ciudad de México, la ejecución de las líneas de BRT ha permitido que del 15 al 17% de sus usuarios hayan dejado de utilizar su automóvil. Además, el transporte público concesionado ha logrado sustituir microbuses y vagonetas altamente contaminantes con una vida de más de 20 años en promedio por unidades nuevas de tecnologías más limpias” dijo. Por su parte el especialista del ICM, recalcó la necesidad de crear políticas que incentiven al usuario a modificar sus modos de transporte. “Una persona que antes usaba un vehículo privado y cambia a utilizar un BRT, reduce 95% las emisiones de CO2”“concluyó. Jone Orbea, especialista en economía de movilidad, de WRI México explicó que, la electro-movilidad es una excelente alternativa para descarbonizar al sector transporte; “si bien es cierto que existen algunas barreras para la penetración e implementación de esta tecnología – principalmente por los costos asociados – se debe tomar acción cuanto antes para lograr transitar a un sector descarbonizado” afirmó. Dicha transición requiere de regulaciones estrictas de control de emisiones y de eficiencia vehicular, crear incentivos a corto plazo (~5 años) para abordar la barrera del costo de mercado, proporcionar infraestructura de carga a bajo costo, promover el vehículo eléctrico local a través del establecimiento de restricciones urbanas y acceso preferencial y trabajar en estrategias de comunicación y concientización. Varios países ya se han comprometido a promover la electro-movilidad. Tal es el caso de Noruega, que se cometió que para 2025 todos los vehículos vendidos serán híbridos o eléctricos. México no puede quedarse atrás en este esfuerzo. INTRODUCCIÓN DESCARGAR Presentación de Daniel Chacón DESCARGAR Presentación de Adrián Fernández DESCARGAR Presentación de Jone Orbea DESCARGAR
Quinto taller de medios: Por una agenda climática con visión de Estado.
Eliminar subsidios a los combustibles fósiles e incluir instrumentos de mercado para facilitar el combate al cambio climático: organizaciones civiles. El impuesto al carbono en los combustibles y el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) deben retomarse por la siguiente administración con mayor coherencia, transparencia y ambición. Los subsidios energéticos generalizados deben ser eliminados progresivamente y sustituidos por apoyos focalizados a grupos de bajos ingresos y políticas de Estado que promuevan energías renovables El Acuerdo de París establece la necesidad de utilizar todas las medidas disponibles para mitigar las emisiones de GEI. El impuesto al carbono puede ser un instrumento clave para dirigir la política nacional de reducción de emisiones y la transición energética. Instrumentos como el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) pueden ayudar a incrementar la ambición en la reducción de emisiones de GEI de manera costo-efectiva. Ciudad de México, 30 de abril de 2018.- El World Resources Institute (WRI) México, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Iniciativa Climática de México (ICM) convocaron por quinta ocasión a representantes de distintos medios de comunicación para continuar promoviendo la necesidad de una política de estado congruente y ambiciosa en materia de cambio climático y energía por la siguiente administración federal. Durante esta sesión, los expertos de las tres organizaciones profundizaron en la necesidad de trabajar en las políticas tributarias, la reducción de los subsidios que promueven comportamientos contaminantes y del uso de instrumentos de mercado disponibles para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del cambio climático, de manera costo-efectiva y reconociendo las externalidades ambientales que producen algunas actividades económicas y de explotación de recursos. El impuesto al carbono en los combustibles fósiles ha tenido un impacto muy limitado por tres razones principales: No refleja de manera acertada el verdadero costo de la degradación ambiental y los efectos en la salud por el uso de combustibles fósiles. El impuesto actual (70 pesos por tonelada, en promedio) no ha logrado modificar el comportamiento de la sociedad (la demanda por combustibles). El impuesto al carbono omite al gas natural y desvirtúa dicha política. “Lo que se pensó como una medida para la transición hacia fuentes menos contaminantes (el uso de gas) para la generación de energía, se está convirtiendo en la principal fuente de emisiones de la matriz energética de México”, dijo Carlos Tornel, coordinador de programas de ICM. Lo anterior es particularmente preocupante cuando México se vuelve cada vez más dependiente del gas importado de Estados Unidos (actualmente, el 62% del gas natural es importado de EUA). En este sentido, es necesario revisar el diseño del impuesto para incluir el costo de las emisiones que provienen del gas natural y desincentivar su uso. Falta de transparencia: El impuesto al carbono presenta un serio problema para identificar en qué programas, acciones y proyectos se invierten estos recursos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el impuesto recaudó 17 mil millones de pesos tan solo entre el 2014 y 2015. Sin embargo, hasta la fecha no se sabe en qué se han invertido estos recursos y bajo qué criterios (por ejemplo, si los recursos se invierten en proyectos o programas que contribuyen a la reducción de emisiones de GEI), debido en gran medida a la caída de los precios internacionales del petróleo y al declive de la producción petrolera después de la reforma energética. Al mismo tiempo, debido a una inexistente estrategia para mitigar los impactos de la liberalización de los precios de las gasolinas, el Gobierno Federal ha comenzado a subsidiar de manera indirecta los combustibles, eliminando por completo las capacidades recaudatorias del impuesto. En este sentido, es importante reconocer que la liberalización de los precios de los combustibles era una medida acertada en los últimos dos gobiernos de la APF, sin embargo, el Gobierno Federal no ha implementado una política distributiva de los ingresos recaudados. Entre 2012 y 2016 el subsidio a los combustibles fósiles era de cerca del 1.2% del PIB, mientras que el impuesto de 1.5%. Durante ese mismo periodo, el precio de la gasolina se incrementó en un 43%. Esta diferencia permitió alcanzar una recaudación tributaria adicional del orden del 4% del PIB en el año 2016″. “Aunque es cierto que el subsidio beneficiaba a los hogares que menos necesitaban del subsidio, la eliminación del subsidio sin un adecuado programa de compensación para quienes sí lo necesitan ha afectado de manera desproporcionada a los hogares más pobres”, dijo Manuel Molano, director general adjunto del IMCO De haber invertido los ingresos recaudados en programas que beneficien a quienes más lo necesiten, el Gobierno federal podría haber reducido la pobreza extrema en el orden del 40%, sin embargo, el mal ejercicio del gasto público ha limitado la transición de un modelo de subsidios a un modelo de mal ejercicio del gasto público. Por ello, es fundamental que la siguiente administración asegure una continuidad a las políticas de liberalización de los combustibles fósiles, siempre y cuando asegure la reinversión del gasto público en programas que beneficien a quienes más se ven afectados por la elevación de los precios. Asimismo, los panelistas mencionaron que, en materia de subsidios, el apoyo gubernamental al sector eléctrico residencial, que actualmente representa el 26% del sistema energético nacional, se ha convertido en el subsidio más cuantioso de la Administración Pública Federal (APF). “Reinvertir el subsidio eléctrico en un programa de generación distribuida a gran escala debe convertirse en una prioridad de la siguiente Administración”, mencionaron, “de lo contrario el subsidio podría alcanzar los 160 mil millones de dólares en 2040, convirtiéndose en el egreso más cuantioso del Gobierno federal.” Finalmente, se abordó el tema del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE), el cual se ha convertido en una obligación para el país después de la reciente reforma al Artículo 94 de la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la cual establece que este debe convertirse en un instrumento obligatorio después de un piloto de 36 meses que a su vez debe comenzar este año. El SCE