Sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco acerca del cambio climático
Autor: Dr. Fernando Aragón-Durand Vivimos en un mundo en constante transformación. El aire que respiramos, los océanos que atravesamos, los ecosistemas y ciudades están experimentando cambios dramáticos y acelerados. Las actividades humanas están teniendo un impacto profundo en nuestro clima, desencadenando eventos extremos en todo el planeta. Lamentablemente, estos cambios no se distribuyen equitativamente, y las comunidades que históricamente han contribuido menos al calentamiento global son las más afectadas. Ante esta situación, es imperativo tomar medidas climáticas urgentes y cooperar a nivel global para reducir las emisiones de GEI. La exhortación del Papa Francisco (Laudate Deum) sobre la crisis climática publicada hoy, 4 de octubre de 2023, es muy oportuna justo dos meses antes del inicio de la COP-28 a llevarse a cabo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Es un llamado contundente y consciente acerca de la crisis climática y sus consecuencias y de la urgencia para actuar de aquí a los próximos años, a la luz del imperativo de no incrementar la temperatura promedio global más allá del rango de 1.5 a 2 ºC. El Papa Francisco refrenda lo que ya había manifestado en la Carta Encíclica Laudato Sí en 2015 y actualiza con información científica fácilmente comprensible, los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París en 2015 y subsecuentes COP´s para facilitar y acelerar la transición a sociedades climáticamente resilientes y justas. El significado humanista que le imprime a los datos y evidencia de los reportes científicos globales, facilita la comprensión de la gravedad de la crisis climática y de la necesidad de acelerar la implementación de las medidas de mitigación y adaptación desde una perspectiva ecológica planetaria que se fundamente en una visión de desarrollo sostenible a escala humana. Al mismo tiempo, enfatiza la necesidad de una ética planetaria que promueva valores a ser compartidos por las naciones, pero en respeto a sus diferencias culturales, geográficas y religiosas. En el Laudato Si ya había hecho una crítica de raíz al paradigma tecnocrático que está detrás de la degradación actual del ambiente; en el Laudate Deum refrenda esa crítica y resalta el papel que juega el poder, sus límites y la responsabilidad de las instituciones y grupos humanos cuando se trata de buscar reducir los riesgos climáticos e incrementar las capacidades de respuesta locales e internacionales. En ese sentido, sugiere reconfigurar el multilateralismo para que responda de mejor manera a la nueva situación mundial que el cambio climático antropogénico impone. Cabe mencionar que ya en el Laudate Deum cuestiona los escasos resultados de la COP25 de Madrid (2019) y de la COP26 de Glasgow (2021) aunque resalta los avances logrados en a COP27 de Sharm El Sheikh (2022) en materia de financiamiento climático. ¿Qué se espera de la COP 28 de Dubai?, se pregunta el Papa Francisco. Sus expectativas son positivas pero con una carga importante de escepticismo si no se pisa el acelerador de la implementación de una amplia gama de medidas de mitigación más ambiciosas que realmente impulsen una transición energética justa (eficiente, obligatoria y fácilmente monitoreable) y que conduzca a rutas de desarrollo climáticamente resilientes. La acción climática global es como armar un equipo ganador, requiere compromiso político, un plan integral y los recursos adecuados. Las estrategias y leyes adecuadas son solo el comienzo; el financiamiento y la tecnología son esenciales para llevar a cabo estas medidas. No debemos olvidar la equidad y la justicia climática. La transición hacia una economía baja en carbono debe ser justa e inclusiva. Fortalecer las medidas de adaptación beneficia a las comunidades más vulnerables, y los cambios en el comportamiento y la producción de energía pueden mejorar el bienestar general. Las decisiones que tomemos hoy tendrán un impacto en las generaciones futuras. Trabajemos juntos para construir un futuro más saludable y sostenible para todos. La acción climática es una tarea colectiva que requiere esfuerzo y compromiso; los beneficios a largo plazo son invaluables.
ICM en la LCOY 2023
El proceso de como las juventudes aportan a las cumbres climáticas globales Hace unos años tuve la fortuna de participar en la COY14 en Córdoba Argentina, recordando lo provechoso y nutritivo que fue aquel evento, ahora en el 2023 fui parte de la LCOY en la ciudad de México, llevado a cabo los días 22, 23 y 24 de agosto, organizado por las organizaciones juveniles, Reacciona A.C. Legaya y Soema. La LCOY o Local Conference of Youth, es una cumbre climática bajo YOUNGO, la afiliación juvenil oficial de la UNFCCC. Esta cumbre busca propiciar un espacio para educar, empoderar y articular a la juventud, con el fin de poder aportar a las conferencias internacionales en materia de cambio climático. Es una versión nacional de la RCOY, la conferencia regional, que este caso es de Latinoamérica y el Caribe; para luego culminar en la COY (Conference of Youth), evento juvenil previo a la conferencia de las partes, la COP
Combustibles Prohibidos
Mensaje de las organizaciones agrupadas bajo la iniciativa Combustibles Prohibidos Al igual que el Planeta, México se encuentra en un momento crítico frente a los desafíos ambientales que definirán el presente y futuro que dejaremos a las próximas generaciones. La emergencia climática requiere tomar acciones urgentes e inmediatas para frenar el calentamiento global, contribuir al bienestar de las personas y garantizar el goce efectivo de los derechos humanos. Nuestro país necesita combatir la pobreza energética, satisfaciendo las necesidades de acceso a la energía de toda su población, con una visión de justicia, equidad, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. Para lograr lo anterior, proponemos impulsar, con el apoyo de las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil, una ruta de TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA E INCLUYENTE. En esta ruta, los combustibles fósiles deben quedar fuera del futuro energético de México, empezando por el carbón y el combustóleo, que en el corto plazo deben considerarse combustibles prohibidos por ser altamente contaminantes del aire, del agua, suelo y océanos, afectar gravemente la salud de las personas y generar emisiones que contribuyen a agravar la crisis climática planetaria. La ruta de transición energética que proponemos incluye: Dejar de utilizar combustibles fósiles, empezando por el carbón y el combustóleo, para la generación de energía eléctrica. El orden de despacho de las centrales eléctricas deberá tomar en cuenta como prioridad criterios de justicia climática, sustentabilidad, emisiones, resiliencia, seguridad y confiabilidad. Las centrales de generación eléctrica con carbón y combustóleo pasarán al final del orden de despacho. Se deberá establecer un programa de retiro y sustitución de centrales altamente contaminantes antes del 2030, enfocado principalmente en las centrales termoeléctricas que utilizan combustóleo y carbón. Promover una transición energética justa. Ello significa definir de manera participativa una ruta lejos de los combustibles fósiles, que sea socialmente incluyente, con perspectiva de género, que atienda los impactos en las generaciones actuales y futuras, incorpore las necesidades de comunidades locales y garantice el respeto de los derechos humanos. Resulta imprescindible generar espacios de diálogo para desarrollar de forma colectiva programas sociales que detonen desarrollo local sustentable y diversifiquen la economía en comunidades donde se aplique el programa de retiro del carbón. Construir un sistema energético incluyente. Para lograr ese objetivo se requiere integrar las visiones y necesidades de todas y todos, así como asegurar la participación amplia, significativa y con representación efectiva de todos los sectores en los procesos de toma de decisión en el sector energético. Garantizar energía sustentable para todas y todos. Se deberán promover alternativas sustentables, descentralizadas y locales que permitan democratizar las tecnologías, garantizando el acceso, generar autosuficiencia energética, resiliencia climática e incentivar el bienestar entendiendo las necesidades y contextos locales. Eliminar las emisiones contaminantes. Para garantizar los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano, se requiere contar con aire, agua y suelo saludables. Ello implica avanzar hacia la descarbonización de la economía y dejar de emitir a la atmósfera Gases de Efecto Invernadero y partículas contaminantes, así como dejar de arrojar a nuestros cuerpos de agua descargas industriales, residuos peligrosos y derrames contaminantes de hidrocarburos. Distribuir con justicia los costos y los beneficios de la transición energética. Se pondrá énfasis en maximizar los beneficios locales sociales, económicos y ambientales y asegurar su distribución equitativa, entre sectores y entre las generaciones del presente y el futuro, de tal manera que se actúe con una mirada de justicia climática. Reducir la pobreza energética. Para alcanzar esta meta es necesario garantizar el acceso a la energía eléctrica de manera equitativa, asequible, segura y sustentable para todas las personas, principalmente para los grupos y personas históricamente excluidos. Este objetivo implica construir un marco regulatorio que incentive la implementación de proyectos de energía colectiva y comunitaria en espacios urbanos y rurales. Redirigir el gasto público destinado actualmente a combustibles fósiles. Urge reducir subsidios y presupuesto a proyectos de combustibles fósiles y canalizarlos a la transición energética como se describe en los puntos anteriores, así como a programas de adaptación y mitigación del cambio climático. Aprovechemos la oportunidad de construir colectivamente una política energética transparente, justa, incluyente, que garantice la protección de los derechos humanos y que sea sustentable, que optimice los beneficios sociales, económicos, ambientales y climáticos para el país y todas y todos sus habitantes. CONOCE DE DÓNDE VIENE TU ENERGÍA DIFUNDE ESTA INFORMACIÓN #combustiblesprohibidos #descubreelorigendetuenergía Datos de contacto: Ricardo Ruiz ricardo_ruiz@cemda.org.mx Jorge Villarreal jorge.villarreal@iniciativaclimatica.org
¿Qué se requiere para salvar un bosque?
Por Lilián Sánchez Flores ¿Recuerdas mi blog anterior? En él afirmaba que para lograr la protección de los bosques mexicanos se requiere un cuidado activo, manejo comunitario sustentable del territorio y financiamiento para que cuidadoras y cuidadores de estos ecosistemas reciban un salario justo por su trabajo. A su vez es importante reducir la demanda de productos que incentivan la deforestación. Históricamente, el financiamiento para el cuidado de los bosques proviene del presupuesto gubernamental. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) otorga apoyos económicos a cuidadoras y cuidadores forestales a través de diferentes mecanismos. El programa “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable” distribuye financiamiento bajo distintos esquemas, siendo el Pago por Servicios Ambientales (PSA) el más común y el que más presupuesto recibe. Los esquemas de PSA parten de la idea de que la naturaleza, a través de sus múltiples funciones, brinda “servicios” al ser humano, los cuales tradicionalmente quedan fuera de la ecuación económica. En 2003 el Congreso aprobó reformas a la Ley Federal de Derechos con las cuales la CONAFOR obtuvo un presupuesto de 192 millones de pesos (que en 2004 ascendió a 300 millones) para el PSA.[4] La idea original de los PSA incluía promover el acceso a mercados nacionales e internacionales relacionados con la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas forestales.[5] Esto permitiría la sostenibilidad en el tiempo de los esfuerzos de restauración, protección y conservación forestal. Sin embargo, el PSA ha enfrentado distintas barreras, y se ha convertido principalmente en un programa de asistencia social y no de transición hacia otros mecanismos financieros de largo plazo. ¿Por qué es peligroso depender sólo del presupuesto gubernamental para la protección forestal? Cuando un proyecto de nación no prioriza el cuidado del territorio forestal o cuando se atraviesa una crisis presupuestal, los recortes económicos impactan directamente en los programas gubernamentales e, históricamente, aún más los de corte ambiental. Tan sólo entre 2019 y 2020 el presupuesto federal destinado al PSA pasó de 1,021 millones de pesos a 556 millones de pesos, es decir, una reducción del 45.5%.[6] Los proyectos forestales de carbono, que ponen a la venta créditos de reducción de emisiones, son una alternativa para garantizar la permanencia de esfuerzos de conservación o restauración de bosques. En combinación con actividades como la agroforestería y la certificación de productos forestales es posible lograr que las comunidades adquieran ingresos dignos por su importante labor de protección y cuidado forestal. Sin embargo, es preciso que estos esquemas aseguren que las comunidades sigan siendo las dueñas de los territorios en los que habitan. México cuenta con experiencia para la implementación de estos proyectos, con resultados exitosos cuando se consideran las salvaguardas ambientales y sociales. Para lograrlo ha sido importante el uso de estándares robustos[7] que aseguran su cumplimiento. Ejemplo de estas experiencias es el proyecto Scolel’te, de la cooperativa AMBIO, desarrollado bajo el estándar internacional Plan Vivo y que cubre 9 mil hectáreas forestales e incorpora a 90 comunidades en Chiapas. Otro ejemplo es el de los proyectos de la Integradora de Comunidades Indígenas y Campesinas en Oaxaca (ICICO), que ha logrado la venta de más de 230 mil créditos de carbono con apoyo de protocolos de la Reserva de Acción Climática.[8] También existen proyectos forestales que utilizan otros estándares confiables como Verified Carbon Standard de Verra o Gold Standard. En los próximos años se espera que surjan más iniciativas de este tipo. Los proyectos forestales de carbono no están exentos de retos (barreras legales, tenencia de la tierra, monitoreo, capital inicial, etc.). Pese a estas barreras pueden ser parte de la solución para el gran reto de la protección forestal. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020: Informe Nacional México, disponible en: http://www.fao.org/3/j2215s/j2215s00.htm#TopOfPage ↑ Definición establecida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ↑ Lucía Madrid, et. al. “La propiedad social forestal en México”, en Investigación Ambiental, Vol. 1, Núm. 2, pp. 179-196. ↑ Este esquema tuvo como antecedentes experiencias locales en Veracruz (en la zona montañosa de Coatepec) y la Ciudad de México (con el programa “peso por árbol”). ↑ Gustavo A. Del Ángel-Mobarak (cood.), La Comisión Nacional Forestal en la historia y el futuro de la política forestal de México, Ciudad de México: Centro de Investigación y Docencia Económica-Comisión Nacional Forestal, 2012, p. 148. ↑ Lucía Madrid y Karol Hernández, “¿Hacia dónde van los apoyos al sector forestal en la nueva administración?”, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, 2021, disponible en: https://www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/2021_02_SubsidiosForestales.pdf, p. 7 (consulta: 20 de junio de 2021). ↑ Un estándar robusto para proyectos de carbono forestal establece metodologías para la cuantificación de remociones de CO2, su certificación y maximización del impacto positivo de reducción de carbono, sumado a esfuerzos de conservación, biodiversidad, mejora social, entre otros. ↑ Para una discusión más amplia de estos dos proyectos puede consultarse Benjamín Rontard, et. al., “Pagos por captura de carbono en el mercado voluntario en México: diversidad y complejidad de su aplicación en Chiapas y Oaxaca”, en Sociedad y Ambiente, 2020, núm. 22, pp. 212-236. ↑