Nuestra prioridad estratégica es hacer frente a la crisis climática y de biodiversidad a través de una transformación socioeconómica que priorice la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para frenar las causas del calentamiento global al mismo tiempo que se atienden las inequidades sociales. Por ello, nos enfocamos en generar las condiciones de política pública que hagan posible el desarrollo social y que se habilite la justicia climática.
Según el Inventario Nacional de Emisiones 2022, el país generó 739 millones de toneladas de CO₂ equivalente. La mayor parte proviene de los sectores de energía y transporte, aunque también destacan la agricultura, el uso de suelo, los procesos industriales y la gestión de residuos. Esta estructura de emisiones refleja un modelo de desarrollo históricamente basado en el uso de combustibles fósiles, en patrones de consumo poco sostenibles y en una limitada planeación territorial. A su vez, genera altos costos sociales y ambientales que agravan la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad climática.
Frente a esta realidad, México requiere de una política climática que tenga capacidad de transformar el modelo de desarrollo para una reducción de emisiones de gases invernadero para atender las causas de la crisis climática, pero también de reducción de vulnerabilidades frente a las consecuencias del mismo. Los compromisos internacionales ratificados en nuestro país -como el Acuerdo de París- y el marco legal, como la Ley General de Cambio Climático, ofrecen herramientas útiles para construir la política climática.
Para avanzar en el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones, y las acciones de adaptación -ambas basadas en ciencia- exige una transformación estructural que va más allá de la incorporación de energías renovables: se trata de repensar los modelos productivos y de consumo, de garantizar que la transición energética sea justa e incluyente, y de asegurar que la acción climática se convierta en motor de bienestar social, equidad y resiliencia.
En este contexto, el papel de la política climática es central. Requiere abandonar enfoques fragmentados y avanzar hacia estrategias integrales que articulen diferentes sectores, escalas de gobierno y actores sociales. La mitigación debe concebirse como un proceso de largo plazo que combine evidencia científica, marcos regulatorios sólidos, financiamiento adecuado y mecanismos de participación ciudadana.
Todo ello lo hacemos bajo una visión de justicia climática, con el objetivo de que la transición energética en México sea no solo ambientalmente necesaria, sino también socialmente justa y territorialmente inclusiva. Como parte de estos esfuerzos, apoyamos la articulación de la sociedad civil, juventudes y comunidades para que tengan un papel activo en la definición de políticas y proyectos de transición energética justa.
Nuestro compromiso es que la mitigación de emisiones en México no sea solo una obligación internacional, sino una oportunidad para la transformación que México y el planeta necesitan. A través de la acción climática podemos construir un futuro más justo y sostenible, reducir riesgos y vulnerabilidades, y abrir nuevas oportunidades de prosperidad para todas y todos. La política climática, concebida de manera estructural y participativa, es la herramienta clave para avanzar hacia ese horizonte.
¿Cómo actuamos?
Desde el área de política climática de ICM trabajamos para impulsar esta visión transformadora para atender la emergencia climática.
► Promovemos la elaboración de insumos técnicos y de política pública que orienten decisiones clave de mitigación en los sectores emisores de gases de efecto invernadero y en las condiciones que habilitan la implementación, como la movilización de financiamiento climático.
► Proporcionamos apoyo técnico a las dependencias medioambientales y climáticas a nivel federal para elaborar estrategias y políticas de mitigación alineadas con una trayectoria ambiciosa que ayude al país a alcanzar emisiones netas cero hacia mediados de siglo.
► Contribuimos a la transparencia y la rendición de cuentas mediante análisis independientes que permiten evaluar el desempeño de México frente a sus compromisos climáticos, identificar brechas y proponer soluciones. De manera paralela, impulsamos la cooperación regional e internacional, convencidos de que la acción climática requiere de esfuerzos coordinados y alianzas amplias que fortalezcan la ambición y aceleren la implementación.
► Fortalecemos el ámbito subnacional el impulsar el desarrollo de capacidades de gobiernos estatales y municipales para diseñar e implementar políticas y estrategias climáticas por medio de programas de capacitación, acompañamiento e intercambio de experiencias en línea con las prioridades locales y articulando la forma en que contribuyen a los compromisos nacionales de cambio climático.
► Impulsamos análisis técnicos y propuestas de política pública en materia energética que orienten la transición hacia la salida de los combustibles fósiles, de la mano de alternativas de desarrollo equitativas y sostenibles en los territorios más afectados, así como de opciones de generación eléctrica con tecnologías renovables a diferentes escalas.
► Destinamos recursos para fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales para participar activamente con las comunidades locales en la definición de su propio futuro energético.
