Nombre del autor:INICIATIVA CLIMATICA

En los 100 Pasos para la Transformación y otras propuestas que planteó durante su campaña, la hoy presidenta electa, Dra. Claudia Sheinbaum, anunció que una de las prioridades para su gobierno será lograr la seguridad energética, diferenciándose con ello del presidente López Obrador, para quién el objetivo central era la autosuficiencia en la producción de combustibles. El matiz es importante, sobre todo si se le suma una segunda gran prioridad para el gobierno entrante: la de lograr una transición energética justa, con energía renovable y con la electrificación de la economía hasta donde sea posible. En otras palabras, si bien uno de los principios rectores será tratar de darle preponderancia a las empresas estatales, se le suman como elementos fundamentales la equidad, la justicia y la sustentabilidad ambiental. De igual forma, mostrando pragmatismo y un entendimiento de las circunstancias financieras nacionales e internacionales, se reconoce el papel que jugarán las inversiones y coinversiones del sector privado para poder enfrentar con energías renovables, el desafío de satisfacer el rápido crecimiento de la demanda de electricidad en el país. Recientemente, con los nombramientos de los funcionarios que estarán a la cabeza de las diferentes áreas y agencias del sector energético, la presidenta electa da una clara señal de cambio positivo y marca un gran contraste con respecto a muchos altos funcionarios de la administración que termina. Entrarán a tomar decisiones expertos en energía con trayectorias destacadas, que pondrán atención a criterios elementales que garanticen los beneficios sociales, económicos y ambientales de una transición energética justa. Como respuesta a estos retos, sigue buscándose en primera instancia una solución del lado de la oferta. Parecería que, un poco por inercia, y a pesar de que el discurso apunta en otro sentido, se sigue defendiendo la necesidad urgente de producir domésticamente más combustibles fósiles. Este tipo de combustibles aún aportan en la actualidad cerca del 90% de la energía que se consume en México, en un momento en el que el resto del mundo parece haber iniciado ya su salida. Ante este panorama, existe el riesgo de que se voltee a ver como una opción a los combustibles no convencionales, y en particular a la fractura geológica para obtener petróleo o gas de lutitas (shale), comúnmente conocida, por su nombre en inglés, como fracking. Si bien no ha habido grandes inversiones en esta tecnología durante el sexenio que termina, en buena medida debido a la falta de recursos y la caída en los precios del petróleo, PEMEX continúa usándola, con operaciones en algunos pozos exploratorios y la aparente intención de aumentar la escala de las inversiones a futuro. Ello, a pesar de que el presidente López Obrador anunciara que se prohibía el fracking, aunque ciertamente el anuncio fuera más bien mediático, dado que hasta ahora, su prohibición no se ha formalizado en ningún instrumento legal o regulatorio. La administración entrante, por su parte, no ha hecho anuncios enfáticos respecto al fracking, aunque es de esperarse que continúe con la política de su prohibición. Esperaríamos, en congruencia con las prioridades y principios que ha establecido, que termine por prohibirlo por completo. Lo anterior, dado que tiene un costo energético, ambiental y social muy alto en comparación con sus hipotéticos beneficios. Incluso, económicamente, solo se justificaría con precios de petróleo muy por arriba de los cien dólares por barril; y esto sin tomar en cuenta los costos ligados a las externalidades ambientales y sociales o los riesgos financieros asociados a la posibilidad de quedarnos con activos varados, que se vuelvan obsoletos mucho antes de alcanzar la vida útil estimada en el momento de su inversión inicial. La presidenta electa ha señalado también como una de sus grandes prioridades mejorar significativamente la gestión y manejo eficiente del agua. Con el fracking, se daría justamente un enorme desperdicio y contaminación de recursos hídricos cada vez más escasos por la emergencia climática en la que nos encontramos ya. En el caso más ilustrativo y cercano, el de los Estados Unidos, el fracking se desarrolló a gran escala sobre todo atendiendo una motivación geopolítica, para asegurar la independencia energética y satisfacer la creciente demanda de petróleo y gas en un momento en el que la producción petrolera doméstica caía y los precios iban al alza. Lograr la capacidad actual ha requerido mucho tiempo y grandes inversiones, con un altísimo costo ambiental, en particular por su impacto en la explotación y contaminación de acuíferos. En los casos de los pozos petroleros o de gas no convencional más grandes, se extraen decenas de millones de litros de agua al año. La respuesta a la emergencia climática global requiere de la eliminación acelerada y masiva de los combustibles fósiles, incluyendo el gas natural. Esta eliminación debe ser complementada con la rápida expansión de los diversos tipos de energías renovables. En el caso de nuestro país, la generación de energía solar y eólica de gran escala es mucho más barata que cualquier alternativa fósil. Hoy en día, aun incorporando respaldos de baterías de alrededor de 25% siguen resultando más competitiva que utilizar gas.  Incluso desde la racionalidad económica y energética no hace sentido apostar por el fracking. De acuerdo con la reciente ponencia del Dr. Luca Ferrari durante el seminario Desentrañando el Fracking: Implicaciones para el Futuro Energético y Territorial de México, organizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e Iniciativa Climática de México (ICM) el 24 de abril de 2024, el petróleo y el gas no convencionales son una “falsa solución para lograr la soberanía energética”, por al menos tres razones: 1) México tiene solo una pequeña fracción de los recursos no convencionales que tiene Estados Unidos, y por lo tanto no lograría las mismas economías de escala; 2) no existen como tal reservas, sino solo recursos prospectivos, y hay una gran discrepancia sobre los potenciales en las cifras que arrojan diferentes estudios, y 3) dado el bajo factor de recuperación de estos recursos, quizás un 10 % de los

¿Estamos caminando al cumplimiento de nuestras metas climáticas? PRODESEN 2024-2038 POR: Isabel Moreno, Coordinadora del Programa de Energía isabel.moreno@iniciativaclimatica.org El pasado 31 de mayo, se publicó el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), que es el instrumento de planeación a través del cual la Secretaría de Energía (SENER) establece la política para el sector eléctrico y en el que se prospecta el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para un período de 15 años, es decir en este caso, entre 2024 y 2038. El PRODESEN está compuesto por diferentes programas relacionados con el SEN, a través de los que se establecen los programas de expansión de infraestructura de generación, distribución y transmisión de electricidad que se desarrollarán en los próximos años. Además, el PRODESEN señala las prospecciones de evolución de la demanda eléctrica, las tecnologías de generación y el cumplimiento de las metas de energías limpias y mitigación de emisiones. El último Inventario Nacional de Emisiones (INECC, 2022), señala que una de las principales fuentes de emisiones en 2019 fue la generación de energía eléctrica, representando el 23% del total. Por tanto, las acciones dedescarbonización del sector eléctrico juegan un papel clave para que el país pueda cumplir con la reducción del 35% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030 respecto a su línea base, misma que fue establecida en la actualización de 2022 de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC1) no condicionadas del Acuerdo de París. En este sentido, la pregunta crucial es: ¿Es este plan lo suficientemente ambicioso para cumplir con las metas climáticas internacionales y garantizar una transición energética justa y efectiva? Para dar respuesta a esta pregunta, a través de este artículo se ha realizado una comparación entre la alineación de la política energética actual y sus prospectivas de desarrollo establecidas para el periodo 2024-2038, contra las necesidades nacionales para el cumplimiento de las metas climáticas. Para esta evaluación se han tomado como referencia dos documentos previamente elaborados por ICM, la Ruta Emisiones Netas Cero para México 2060, desde la Sociedad Civil (RENC-SC) (ICM, 2023) y las NDC desde la Sociedad Civil (ICM, 2022), que buscan contribuir de manera constructiva a la identificación de las acciones necesarias que reduzcan las emisiones de carbono y a la vez maximicen los beneficios sociales. Este artículo considera los rubros más relevantes para la planeación del sistema eléctrico nacional en torno a la transición energética, que son: demanda y consumo, generación, movilidad eléctrica, almacenamiento con baterías, transmisión y distribución, y cumplimiento de metas. Se desarrollan brevemente a continuación. Demanda y Consumo El PRODESEN 2024-2038 destaca la importancia de entender la evolución histórica y el estado actual de la demanda y consumo de energía eléctrica para planificar adecuadamente el sistema eléctrico nacional, bajo esta línea, define el Consumo Final como la energía utilizada por los usuarios conectados al SEN y el Consumo Neto como la suma del Consumo Final más las pérdidas de energía durante su transformación, transmisión y distribución. En 2023, el consumo neto y la demanda máxima integrada del SEN aumentaron significativamente, con un crecimiento anual que alcanzó el 3.5% y 10.2% respectivamente, reflejando la urgente necesidad de ampliar la capacidad de generación y transmisión. A pesar de estas tendencias, el PRODESEN proyecta un crecimiento menor con una tasa media de crecimiento anual (tmca) para el consumo neto agregado nacional de 2.4% para el escenario de planeación. La proyección de demanda del PRODESEN podría también estar subestimada, debido al contexto de fenómenos climáticos extremos como las olas de calor y la electrificación de los sectores de consumo, especialmente el transporte y la industria. En relación con lo anterior, en 2023, la demanda máxima del SEN fue de 54,530 MWh/h, lo cual representó un aumento del 12.2% en comparación con el valor de 2022. En 2024, la demanda más alta registrada hasta mayo se registró el 22 de dicho mes a las 17:00, con un valor de 53,916 MWh/h. Esto es un 1.1% menor a la demanda máxima coincidente de 2023 pero es importante considerar que históricamente, la demanda máxima coincidente se observa entre junio y agosto, con mayor probabilidad de ocurrencia en junio, por lo que se espera que la demanda máxima de 2023 se supere. Véase Gráfico 1. Dado que la proyección del consumo y la demanda máxima son las variables clave para los escenarios de expansión de la capacidad de generación de energía eléctrica, contar con proyecciones de alta confiabilidad es imperativo. Para esto, existen diversas metodologías probadas, como las basadas en métodos estadísticos (Fathin et al., 2021), que lograrían una mayor precisión que la mostrada en la descripción metodológica en el PRODESEN. Capacidad de Generación En el 2023, la Generación total fue de 351,695 GWh, donde el 24.32% corresponde a energías limpias y el 75.86% a energías fósiles. Esta cifra se encuentra muy alejada de la Meta de Energías Limpias para 2024, establecida en la Ley de Transición Energética, que establece un mínimo del 35%. Por ello, es urgente acelerar la adición de capacidad de generación limpia, en especial renovable. Veáse gráfico 2. El PRODESEN 2024-2038 podría ser mucho más ambicioso. Es de notarse que, en materia de expansión de la capacidad de generación, el documento se divide en dos periodos de planeación: 2024-2028 y 2028-2038. En el primer periodo, la adición de capacidad de generación se enfoca principalmente en proyectos ya en desarrollo, a los cuales les llama “Proyectos Estratégicos”, muchos de los cuales están basados en combustibles fósiles. Este enfoque retrasa la adopción de energías renovables y compromete el cumplimiento de las metas climáticas a 2030 si se considera en contraposición que la RENC señala como objetivos que las centrales carboeléctricas y termoeléctricas deben ser retiradas antes de 2035 y que no se deben adicionar más centrales de ciclo combinado salvo las que ya se encuentran en construcción desde 2023. Por su parte, el segundo periodo, 2028-2038, introduce un mayor énfasis en energías limpias, sin llegar a la ambición necesaria. El PRODESEN propone una adición de capacidad de 27.7